Julio será el punto de inflexión para las playas colombianas, ya que a partir del 2018, a finales de dicho mes aquellas que cumplan con los estándares internacionales de la Fundación para la Educación Ambiental recibirán ni más ni menos que el certificado de bandera azul, marca que será sello de calidad.
Los turistas que visiten estas playas certificadas sabrán que se destacan por la buena información ambiental que proveen, la calidad de las aguas, la atención y gestión que realizan y las garantías de seguridad que ofrecen.
Se evaluará, por ejemplo, la calidad del agua en la que la gente se baña, incluyendo muestreos, frecuencia y parámetros microbiológicos y fisicoquímicos. Además, habrá suficientes sanitarios para los bañistas, y los ecosistemas cercanos a las playas, como manglares y ciénagas, deberán ser monitoreados de forma permanente.
El programa busca promover prácticas de turismo sostenible e incluye 87 aspectos para poder certificar una playa. Hasta el momento, la FEE ha galardonado más de 4000 playas en los 46 países donde opera con resultados que atraen a mayor cantidad de turistas que se ven influenciados por la confianza en las banderas azules, una representación de la calidad que ofrece el lugar que se traducirá en crecimiento gastronómico, comercial, logístico y hotelero, como así también en la cantidad de tiquetes y viajes a Cartagena.
“Este reconocimiento se le otorgará a las playas que cumplan con los estándares de calidad internacionales, desde el punto de vista ambiental, el mejoramiento del entorno, la arena y las condiciones logísticas», afirma Mary luz Mejía, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, (Acodal), entidad encargada de entregar las banderas azules.
Actualmente, el Viceministerio de Turismo tiene nominadas doce playas y se espera que antes de terminar este gobierno se acrediten seis de ese total: tres en San Andrés, una en Santa Marta, una en Riohacha, y otra en Maguipi.
De acuerdo con Mejía, estas certificaciones tendrán un período de dos años y se evaluarán cada seis meses para hacerle seguimiento a los procesos.
Para el Capitán Jorge Prada del Puerto de Cartagena, máxima autoridad marítima de la zona, este programa de certificación busca hacer una sectorización del uso de las playas, «dividiéndolas entre zonas de bañistas, de reposo y de servicios de transición». Se espera que las certificaciones logren un impacto para el sector turístico, las comunidades y el medio ambiente que mejorarán las arcas locales, comerciales, gastronómicas, de transporte y hotelera.
